El Art. 40 del ECA Digital es una de las disposiciones de mayor impacto práctico de la nueva ley: obliga a los proveedores extranjeros de productos o servicios digitales sujetos a la norma a designar en Brasil un representante legal constituido como persona jurídica. La pregunta que decide la estrategia de cumplimiento es: ¿mi empresa está sujeta a la ley?
Qué dice el Art. 40
El artículo establece que los proveedores extranjeros de productos o servicios digitales alcanzados por el ECA Digital deben mantener un representante legal en Brasil, con poderes para responder por obligaciones regulatorias, recibir citaciones y notificaciones y representar a la empresa ante autoridades administrativas y judiciales.
La norma exige que ese representante sea constituido como persona jurídica con sede en el país — no basta un apoderado persona física. Esta exigencia fue reforzada por el Decreto nº 12.975/2026, que extendió la obligación a los proveedores de internet en general.
Qué caracteriza "ofrecer servicios a usuarios en Brasil"
La ley no usa criterios rígidos de facturación o número mínimo de usuarios para determinar si una plataforma "opera en Brasil". La lectura consolidada con el Marco Civil de Internet y la LGPD es amplia: si su plataforma es accesible desde territorio brasileño, recolecta datos de usuarios en Brasil, acepta pagos en reales, es ofrecida en portugués brasileño o realiza publicidad dirigida al mercado brasileño, está ofreciendo servicios a usuarios en Brasil.
No se necesita CNPJ, oficina física ni empleados en el país. Basta con que la plataforma sea accesible y efectivamente utilizada por usuarios brasileños — lo que en la práctica alcanza a casi todas las plataformas globales.
Casos en que la obligación es inequívoca
Algunos escenarios dejan la obligación aún más clara: plataformas con versiones localizadas para Brasil, aplicaciones disponibles en Google Play y App Store para usuarios brasileños, servicios que facturan ingresos publicitarios de audiencias brasileñas y productos digitales con precio en reales.
Si su plataforma encaja en cualquiera de estos escenarios, el próximo paso es estructurar formalmente su presencia legal — vea cómo funciona nuestra formalización de la representación.
Consecuencias de operar sin representante
Operar sin representante legal en Brasil expone a la plataforma a tres riesgos concretos: bloqueo administrativo o judicial de la actividad, multas de hasta 10% de la facturación del grupo (limitadas a R$ 50 millones por infracción) y responsabilización directa de ejecutivos por órdenes incumplidas. Las autoridades brasileñas cuentan hoy con herramientas y cooperación internacional para hacer efectivas esas sanciones.