Representación legal
en Brasil para plataformas globales.
El ECA Digital (Ley nº 15.211/2025) y el Decreto nº 12.975/2026 cambiaron las reglas del juego: toda plataforma digital extranjera que opera en Brasil necesita un representante legal constituido en el país — con poderes para responder por citaciones, notificaciones y procesos judiciales y administrativos.
No es opcional. Y el costo de no tenerlo es alto: multas de hasta 10% de los ingresos del grupo en Brasil, limitadas a R$ 50 millones por infracción, además de suspensión o prohibición de actividades.
Nosotros somos esa representación.
Estructuramos, formalizamos y operamos su presencia legal en Brasil — para que su equipo se enfoque en el producto, no en la regulación.
Un nuevo marco regulatorio para plataformas digitales.
La Ley nº 15.211/2025 (ECA Digital) fue reglamentada por el Decreto nº 12.880/2026, que estructura la Política Nacional de Protección de Niños y Adolescentes en el Ambiente Digital.
En mayo de 2026, el Decreto nº 12.975/2026 reforzó, también para proveedores de internet en general, la obligatoriedad de representante legal en Brasil — consolidando esta exigencia en dos frentes regulatorias.
Autoridad jurídica con estándar internacional.
Estructuramos, formalizamos y operamos la presencia legal de su plataforma en Brasil, con gobernanza rigurosa y respuesta inmediata a notificaciones.
Su equipo se enfoca en el producto. Nosotros respondemos por la regulación.
La Ley, la obligación y el riesgo.
La Ley
La Ley nº 15.211/2025 (ECA Digital) fue reglamentada por el Decreto nº 12.880/2026, que estructura la Política Nacional de Protección de Niños y Adolescentes en el Ambiente Digital. En mayo de 2026, el Decreto nº 12.975/2026 reforzó, también para proveedores de internet en general, la obligatoriedad de representante legal en Brasil — consolidando esta exigencia en dos frentes regulatorias.
La Obligación
Los proveedores extranjeros de productos o servicios digitales sujetos a la ley deben designar un representante legal en Brasil, constituido como persona jurídica, con poderes para responder por las obligaciones regulatorias ante las autoridades competentes.
El Riesgo
El incumplimiento expone a la empresa a multas de hasta 10% de los ingresos del grupo en Brasil (limitadas a R$ 50 millones por infracción), suspensión de actividades, prohibición de operar en el país y responsabilización judicial de ejecutivos.
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