El Decreto nº 12.880/2026 es la pieza normativa que traduce el ECA Digital en obligaciones operativas. Publicado en enero de 2026, reglamenta la Ley nº 15.211/2025 y organiza la Política Nacional de Protección de Niños y Adolescentes en el Ambiente Digital, definiendo roles institucionales, deberes de las plataformas y mecanismos de fiscalización.
Qué reglamenta el decreto
El decreto opera en tres frentes principales. Primero, estructura la Política Nacional, articulando competencias entre la ANPD, el Centro Nacional de Protección al Niño y al Adolescente en el Ambiente Digital, el Ministerio Público y órganos sectoriales. Segundo, detalla obligaciones sustantivas de las plataformas — verificación de edad, control parental, moderación, transparencia algorítmica, restricción de publicidad a menores.
Tercero, crea el régimen de informes semestrales de transparencia (Art. 31), obligatorio para plataformas con más de un millón de usuarios niños y adolescentes en Brasil, y formaliza los flujos de notificación, denuncia y respuesta que las plataformas deben mantener.
Política Nacional de Protección
La Política Nacional es el eje que da coherencia a la regulación. Establece principios (interés superior del niño, transparencia, prevención), directrices (educación digital, cooperación internacional, investigación) e instrumentos (informes, campañas, protocolos de respuesta). Las plataformas pasan a operar dentro de un ecosistema regulatorio articulado, ya no en relaciones bilaterales aisladas con cada autoridad.
En la práctica, esto significa que las decisiones de diseño de producto, políticas de contenido y publicidad deben justificarse dentro de ese marco — lo que exige documentación, gobernanza interna y capacidad de respuesta rápida a las autoridades.
Papel de la ANPD y del Centro Nacional
La ANPD mantiene competencia sobre la protección de datos de niños y adolescentes, ampliada por el ECA Digital. El Centro Nacional de Protección al Niño y al Adolescente en el Ambiente Digital gana protagonismo como punto focal para denuncias, coordinación de respuestas y articulación con plataformas.
Estructurar la interfaz con esas autoridades exige presencia jurídica formal en Brasil — vea cómo hacemos la representación regulatoria.
Impacto operativo para plataformas
Para una plataforma global, el decreto significa tres frentes de trabajo: revisión de productos y políticas para cumplir con los deberes sustantivos, estructuración de un canal formal de notificaciones y denuncias en Brasil (con plazos regulatorios estrictos) y producción semestral de informes de transparencia en portugués cuando corresponda.
Ignorar estas obligaciones operativas expone a la empresa a sanciones administrativas, judiciales y reputacionales — a menudo escalonadas antes de aplicar las multas máximas.